Violencia con drones amenaza comunidades del Huila
La Defensoría alertó por la violencia con drones en el Huila y los riesgos para las comunidades de varios municipios.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre riesgos para la población civil en Aipe, Palermo, Teruel, Neiva e Íquira, tras recientes ataques contra la Fuerza Pública.
La escalada de violencia en el occidente del Huila mantiene en alerta a las comunidades. La Defensoría del Pueblo advirtió que los ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones y el hostigamiento registrado en Íquira han generado temor, daños en viviendas y riesgos para la población civil.
Según el organismo, durante la última semana se reportaron hechos violentos en Aipe, Palermo, Teruel y la zona rural de Neiva. A estos se sumó un hostigamiento ocurrido la noche del viernes 16 de octubre en el casco urbano de Íquira.
Afectaciones a civiles
La Defensoría informó que al menos tres integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos en los ataques. También señaló que algunas viviendas sufrieron afectaciones y que una institución educativa tuvo que ser reubicada ante los riesgos para los estudiantes.
La situación genera preocupación por las posibles consecuencias para la seguridad de las familias y la continuidad de las actividades escolares. El organismo recordó que la población civil debe permanecer al margen de las confrontaciones armadas.
Alerta temprana
En julio de 2026, la entidad había emitido la Alerta Temprana 016, en la que advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario relacionadas con la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, estructuras adscritas al Bloque Central Isaías Pardo del grupo que se autodenomina Estado Mayor Central (EMC).
La alerta incluye a Aipe, Palermo, Neiva y Teruel, municipios donde la Defensoría había identificado escenarios de riesgo.
Llamado urgente
Ante los recientes hechos, la Defensoría del Pueblo exigió al grupo armado cesar las acciones que pongan en peligro a la población civil. También pidió a las autoridades locales coordinar medidas de atención y activar las rutas institucionales para proteger a las comunidades afectadas.
El organismo aseguró que continuará acompañando a los habitantes y articulando acciones con las demás entidades del Ministerio Público para promover la garantía de sus derechos.
La situación mantiene la atención sobre las condiciones de seguridad en el occidente del Huila y la necesidad de proteger a las comunidades frente a la escalada de violencia.
