ICBF Huila: cuestionamientos a su dirección regional
La dirección del ICBF Huila enfrenta interrogantes sobre apoyos académicos, contratación y decisiones administrativas que requieren respuestas.
La gestión de Paola Andrea Liscano Fierro, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Huila, está en el centro de varios cuestionamientos relacionados con recursos para formación académica, contratación y decisiones administrativas. Los señalamientos plantean preguntas que requieren documentos y respuestas oficiales para determinar si hubo irregularidades.
Uno de los asuntos se refiere a un supuesto apoyo económico de la entidad para que la funcionaria cursara una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Surcolombiana.
La pregunta es si cumplió las condiciones académicas y administrativas exigidas para acceder al beneficio, si obtuvo el título correspondiente y si existe alguna obligación de reintegrar recursos públicos.
Con la información disponible no es posible concluir que haya incumplido sus compromisos ni que mantenga una deuda con el Estado. Para establecerlo, es necesario revisar el acto que autorizó el apoyo, sus condiciones, la certificación académica y los documentos financieros relacionados.
Contratación y posibles influencias
Otro frente de cuestionamientos se relaciona con versiones sobre una posible intervención de actores políticos en decisiones de la Regional Huila, particularmente en contratos de prestación de servicios, selección de operadores y eventuales ofrecimientos de cargos.
En esas versiones aparecen mencionados Rodrigo Liscano, exconcejal de Campoalegre; Kenneth González; Diana Hernández y el diputado Frank Fierro, del Pacto Histórico. Sin embargo, la información suministrada no aporta pruebas suficientes para establecer que estas personas hayan intervenido indebidamente en la contratación del ICBF.
La existencia de relaciones personales o políticas no demuestra por sí sola una irregularidad. Lo que corresponde establecer es si hubo instrucciones externas, favorecimientos o decisiones contrarias a los procedimientos institucionales.
La revisión de contratos, estudios previos, criterios de selección, hojas de vida y comunicaciones oficiales permitiría determinar si las decisiones respondieron a requisitos técnicos y legales.
Cambios administrativos generan dudas
También se han planteado inquietudes por la reorganización de las defensorías de familia en los centros zonales Gaitana y Neiva.
Según la información recibida, la medida fue comunicada mediante un memorando notificado el 1 de octubre de 2026 y comenzó a aplicarse al día siguiente. Algunos funcionarios habrían expresado inconformidad por la distribución de las cargas laborales.
Para evaluar la decisión es necesario conocer su justificación técnica, los criterios utilizados para reasignar funciones y sus posibles efectos en la atención de niños, niñas y adolescentes.
A estos asuntos se suman señalamientos sobre el eventual uso de vehículos oficiales para actividades ajenas al servicio y críticas por la ausencia de la directora en determinadas reuniones institucionales. Sin fechas, registros y soportes verificables, no es posible determinar si esas situaciones ocurrieron ni si constituyen faltas administrativas.
Respuestas y documentos, la clave
Los interrogantes sobre la Regional Huila requieren respuestas sustentadas en documentos. La Dirección General del ICBF y los organismos de control pueden verificar los antecedentes académicos, los compromisos financieros, los procesos contractuales y las decisiones administrativas señaladas.
También es importante conocer la versión de Paola Andrea Liscano Fierro frente a cada uno de los cuestionamientos, así como las explicaciones oficiales de la entidad.
La prioridad debe ser garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a la ley y que las decisiones administrativas no afecten la prestación de los servicios destinados a la niñez y las familias huilenses.
Por ahora, los señalamientos descritos no permiten concluir que exista responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal de la directora ni de las personas mencionadas. La documentación y las respuestas oficiales serán determinantes para establecer si hubo irregularidades.
