Admiten demanda contra demolición del estadio de Neiva

La demolición del estadio de Neiva entró en un nuevo capítulo judicial luego de que el Juzgado Octavo Administrativo admitiera una demanda de nulidad contra la resolución que ordena derribar la tribuna occidental del estadio Estadio Guillermo Plazas Alcid.

La acción judicial busca tumbar la Resolución 003 de 2026 expedida por el Municipio de Neiva, acto administrativo que declaró el estado de amenaza de ruina de la estructura y autorizó su demolición.

Demolición del estadio de Neiva

La demanda fue presentada por Johan Steed Ortiz Fernández y quedó radicada oficialmente ante el despacho judicial.

Según el auto emitido el 8 de mayo de 2026, la jueza María Consuelo Rojas Noguera consideró que la acción cumple con los requisitos legales y decidió admitir el proceso.

Además, el juzgado abrió el trámite de una medida cautelar para estudiar la posible suspensión provisional de la orden de demolición mientras avanza el juicio.

Piden frenar demolición

El demandante solicitó que la justicia suspenda temporalmente los efectos de la resolución mientras define si el acto administrativo cumple o no con la ley.

Por esta razón, el juzgado dio traslado al Municipio de Neiva durante cinco días para que responda frente a la solicitud cautelar.

La decisión podría convertirse en el primer gran pulso judicial sobre el futuro del estadio Guillermo Plazas Alcid.

Argumentos de la demanda

La demanda incluye varios cargos jurídicos como presunta violación al debido proceso, falsa motivación, desviación de poder y afectación al patrimonio público.

También cuestiona la inexistencia de un Plan Parcial de Renovación Urbana para intervenir la zona donde se encuentra el estadio.

Según el documento, la Alcaldía no podía ordenar una demolición aislada sin desarrollar previamente instrumentos urbanísticos contemplados en el POT de Neiva.

Estudios e inversiones bajo revisión

Dentro del proceso judicial también solicitaron estudios técnicos realizados sobre el estadio desde 2016 y certificaciones sobre inversiones públicas ejecutadas en la infraestructura deportiva.

La demanda sostiene que una demolición podría causar un perjuicio irreversible sobre un bien público donde presuntamente se invirtieron más de 25.000 millones de pesos.

Ahora la jueza deberá analizar tanto la demanda como la solicitud cautelar para decidir si mantiene o suspende provisionalmente la orden de demolición.