La comunidad de Bello y del país entero se encuentra conmocionada tras conocerse el atroz asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de una brutal agresión en el barrio Playa Rica, en el municipio de Bello, Antioquia.
El cuerpo de Sara fue hallado el pasado 6 de abril en una quebrada del sector, tras una operación conjunta entre los Bomberos Voluntarios de Bello y efectivos de la Policía Nacional. Aunque fue trasladada con vida a un centro asistencial cercano, falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.
Las autoridades confirmaron que la víctima presentaba múltiples signos de violencia: fracturas en brazos y piernas, así como otras lesiones que evidencian el nivel de saña con el que fue atacada. La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, denunció públicamente que se trató de un crimen cargado de odio, que refleja una preocupante realidad de discriminación y violencia sistemática.
“Fue víctima de un acto atroz y cargado de odio. A Sara la violentaron, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron al río, y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos”, expresó con firmeza la mandataria local.
En una declaración que ha resonado en todo el país, la alcaldesa se comprometió a que el crimen no quedará impune y que se tomarán medidas para proteger a la comunidad LGBTIQ+.
“No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio. Como Alcaldía, como ciudad, tenemos una deuda con la comunidad LGBTIQ+ y hoy con el corazón en la mano les digo que no podemos guardar silencio. Vamos a exigir justicia por Sara”, concluyó.
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ han exigido que el caso sea tratado como un feminicidio y crimen de odio, subrayando la urgencia de adoptar políticas públicas efectivas contra la transfobia.
Este trágico caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad que enfrentan las personas trans en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, investigación y sanción frente a los crímenes motivados por prejuicios de género e identidad.
