El presidente Gustavo Petro propuso que la Hacienda Nápoles, antigua propiedad del narcotraficante Pablo Escobar, sea entregada a comunidades campesinas del Magdalena Medio como parte de su política de reforma agraria y justicia social. El mandatario señaló que el predio de más de 1.600 hectáreas “no puede seguir siendo un negocio particular” y pidió al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, que estudie los mecanismos legales para modificar la actual destinación del terreno.
Actualmente, la Hacienda Nápoles funciona como un parque temático administrado por un privado desde 2007, tras un acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta atracción turística representa un importante motor económico para el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, generando empleo e ingresos para la región.
La propuesta ha generado un intenso debate. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un acto de reparación histórica frente al despojo de tierras y la violencia del narcotráfico, comerciantes y habitantes de Puerto Triunfo expresaron su rechazo a través de movilizaciones, argumentando que la transformación del predio afectaría gravemente la economía local y pondría en riesgo miles de empleos.
El presidente Petro, por su parte, insistió en que la hacienda es un símbolo de la apropiación violenta de tierras y debe ser devuelta al pueblo. “Se apropiaron de las tierras del pueblo y ahora protestan porque queremos devolverlas a sus legítimos dueños”, afirmó.
El debate sobre el futuro de la Hacienda Nápoles continúa abierto, mientras se analizan las implicaciones legales, económicas y sociales de una eventual redistribución del predio.
