Un nuevo informe de la ONU Derechos Humanos encendió las alertas sobre la situación de seguridad de los líderes sociales en el país, al advertir que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia sigue siendo una crisis estructural.
El documento, que analiza el periodo entre 2022 y 2025, señala que el país continúa siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos fundamentales, con altos niveles de homicidios, amenazas y ataques contra líderes sociales, ambientales, comunitarios y de poblaciones vulnerables.
Cifras alarmantes
Según el informe, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 410 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Esta cifra se suma a los 972 asesinatos documentados entre 2016 y 2025, lo que confirma la persistencia de la violencia.
Los casos se concentraron en 28 departamentos y 184 municipios, especialmente en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo.
Las víctimas pertenecen en su mayoría a sectores clave como líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos, integrantes de Juntas de Acción Comunal, defensores ambientales, mujeres y personas LGBTIQ+.
Responsables y causas
El informe indica que el 73% de los homicidios estaría relacionado con actores armados ilegales, mientras que un 8% correspondería a organizaciones criminales. En un 11% de los casos no fue posible identificar a los responsables.
Entre las principales causas se destacan:
- Persistencia del conflicto armado
- Disputa por economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal
- Débil presencia del Estado en zonas rurales
- Altos niveles de impunidad
- Estigmatización de líderes sociales
- Conflictos por tierras sin resolver
Avances insuficientes
La ONU Derechos Humanos reconoce algunos avances del Gobierno en la priorización del tema y el diálogo con organizaciones sociales. Sin embargo, advierte que no se han logrado cambios estructurales.
El informe señala problemas de coordinación entre entidades y debilidades institucionales a nivel local, lo que limita la efectividad de las medidas de protección.
Además, alerta que las advertencias tempranas no siempre se traducen en acciones concretas para prevenir la violencia.
Críticas y recomendaciones
El documento también cuestiona el modelo actual de protección, centrado en esquemas individuales a cargo de la Unidad Nacional de Protección, al considerarlo insuficiente.
En su lugar, propone un enfoque integral basado en la prevención y la protección colectiva, con enfoques diferenciales de género, territorio y etnicidad.
Entre las recomendaciones clave se encuentran:
- Implementar la Política Nacional de Garantías
- Fortalecer la articulación entre seguridad, paz y derechos humanos
- Combatir la impunidad con investigaciones más profundas
- Exigir a grupos armados el cese de la violencia
- Impulsar una ley que garantice la labor de los defensores
