En una jugada que ha causado sorpresa y polémica, Sergio Israel Rojas Serrano, quien hoy cumple detención domiciliaria por su presunta responsabilidad en un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un ciclista, demandó al Municipio de Neiva alegando que la prueba de alcoholemia que le practicaron en 2022 fue irregular.
El mismo hombre que, según las autoridades, conducía en grado 3 de embriaguez una camioneta particular cuando arrolló a dos ciclistas —dejando a uno muerto y al otro gravemente herido—, ahora se presenta ante la justicia como víctima de un presunto fallo en el procedimiento.
El accidente que lo cambió todo
La madrugada del 17 de julio de 2022, en el barrio Las Mercedes de Neiva, se reportó un accidente en el que el conductor de una camioneta resultó herido. Las autoridades hallaron una Ssangyong negra, placas RDM-815, fuera de la vía, y al conductor —identificado como Rojas Serrano— en el CAI Cándido.
La prueba de alcoholemia practicada, según el informe del agente Donny Mauricio Fierro Mendoza, arrojó un resultado de 1,12 mg/10ml, correspondiente a grado 3 de embriaguez. Con base en la Ley 1696 de 2013, se le impuso una sanción, se le retuvo la licencia y se levantó el respectivo comparendo.
La demanda
Pero dos años después, Rojas Serrano contraataca. A través de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, asegura que la prueba fue mal practicada: sin explicaciones claras, sin los formatos diligenciados adecuadamente y, lo que considera más grave, sin la presencia del agente Fierro en la audiencia correspondiente. Según su abogado, eso constituye una vulneración al debido proceso.
“Mi cliente no se negó a la prueba, simplemente tuvo dificultades para soplar por problemas respiratorios”, afirma la defensa, que alega además que el procedimiento fue apresurado y sin firmas, lo cual pondría en duda la validez del proceso sancionatorio.
Lo que exige
El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva admitió la demanda. En ella, Rojas solicita:
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La anulación de las resoluciones de la Secretaría de Movilidad.
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La eliminación del comparendo.
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La restitución de su licencia de conducción.
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Y una indemnización por más de 62 millones de pesos, argumentando daños y perjuicios por lo que califica como una sanción arbitraria.
¿Reivindicación o maniobra?
Mientras la familia de la víctima aún espera justicia por la pérdida irreparable, Rojas Serrano intenta limpiar su historial, no solo en los registros públicos, sino también en lo económico.
Ahora, el pulso legal queda en manos de los jueces: deberán decidir si hubo realmente una falla del Estado, o si se trata de una estrategia jurídica para diluir las consecuencias de un hecho fatal que marcó a una familia… y a toda una ciudad.
