Mujer habría hurtado $180 millones a 10 empresas
Una mujer aceptó cargos por presuntos hurtos informáticos que habrían afectado a 10 empresas de Cali por cerca de $180 millones.
Una mujer de 54 años aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntos hurtos informáticos en Cali, que habrían afectado a 10 empresas y causado pérdidas cercanas a los $180 millones.
La procesada, identificada como Marly Tabares, habría cometido los hechos entre agosto de 2023 y febrero de 2026, mientras trabajaba en áreas contables y financieras de distintas organizaciones.
Aprovechaba empleos para acceder a cuentas
Según la investigación, la mujer se postulaba a empleos relacionados con labores contables para obtener acceso a información financiera de sus empleadores.
Una vez vinculada, presuntamente conseguía claves, tokens y contraseñas dinámicas de cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero sin autorización hacia cuentas bajo su control.
La Fiscalía también le atribuye la apropiación de efectivo procedente de actividades comerciales. Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) relacionaron nueve hechos en los que estaría involucrada.
El caso de los $38 millones
Uno de los episodios investigados ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando Tabares se desempeñaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado y tenía bajo su responsabilidad las cuotas de administración pagadas por los comerciantes.
De acuerdo con los elementos probatorios, habría guardado más de $38 millones en una bolsa, la introdujo en su bolso personal y abandonó el lugar sin entregar el dinero que tenía a su cargo.
La investigación también estableció que la mujer registraba 28 condenas por conductas similares, según la información entregada por la Fiscalía.
Fue enviada a prisión
Un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali le imputó los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.
Tras aceptar los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La orden de captura fue materializada en Cali por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
El proceso busca establecer las responsabilidades penales correspondientes frente a los hechos investigados y las afectaciones económicas reportadas por las empresas.
