Una acción de tutela interpuesta por un ciudadano terminó en una decisión judicial que sanciona al alcalde del municipio de Gigante, Josué Manrique Murcia, con un día de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, por incumplir parcialmente una orden judicial.
El proceso se originó luego de que Kevin David Arrigui Vargas presentara un derecho de petición el pasado 22 de septiembre de 2024, solicitando información a la administración municipal. El 19 de diciembre, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón falló a favor del ciudadano y ordenó a la Alcaldía dar respuesta completa a todos los puntos del requerimiento.
Una pregunta sin respuesta
Aunque la administración aseguró haber cumplido con la orden judicial, el ciudadano detectó que uno de los interrogantes no fue contestado, lo que motivó un incidente de desacato. “Analizada la situación, se advirtió que uno de los interrogantes no fue resuelto, por lo tanto, se decretó un incumplimiento”, explicó Edwin Rodrigo Cante Puentes, asesor jurídico de la Alcaldía.
El juzgado fue enfático al señalar que la obligación de responder no depende del contenido, sino del cumplimiento formal del derecho de petición. Por tanto, concluyó que el alcalde incurrió en una conducta omisiva que vulneró este derecho fundamental.
Sanción en revisión
La sanción impuesta contempla un día de arresto en la estación de Policía del municipio de residencia del alcalde, además de la multa económica. No obstante, esta medida aún no es definitiva. La Alcaldía subsanó la omisión y notificó tanto al ciudadano como al juzgado, por lo que el caso fue remitido al Juzgado Penal del Circuito de Garzón, que deberá decidir si mantiene o revoca la sanción.
La situación ha generado diversas reacciones en el municipio, donde se cuestiona el manejo de los asuntos jurídicos por parte de la administración local, así como la importancia de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso en los aspectos más formales.
