Una ola de atentados coordinados sacudió a Cali y varios municipios de Valle del Cauca y Cauca, atribuidos preliminarmente a disidencias de las FARC, presuntamente del grupo liderado por “Mordisco” .
Se calculan entre 13 y 16 atentados con artefactos explosivos (carros y motos bomba, cilindros improvisados) ejecutados en estaciones de Policía, peajes y zonas pobladas .
Se confirmaron explosiones en Cali (barrios Meléndez, Manuela Beltrán, Los Mangos), Jamundí, Villa Rica (peaje), El Bordo, Corinto y otros municipios
Víctimas y daños preliminares
Fallecidos: entre 2 y 4 personas —incluyendo dos civiles en Cali y al menos dos policías en Cauca— según fuentes oficiales .
Heridos: de 5 identificados inicialmente, ahora reportan entre 30 y 36 personas, incluidas mujeres, hombres y niños .
Daños materiales: impacto fuerte en infraestructura pública (estaciones de Policía, viviendas, comercios) y suspensiones de servicios (agua, luz, movilidad).
Investigación y actuación estatal
El Director nacional de Policía, Brig. Gen. Carlos Fernando Triana, confirmó que el objetivo fue desestabilizar la seguridad regional .
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció recompensas de hasta $300 millones por información útil que conduzca a responsables .
Se detalla implicación directa de las disidencias vinculadas a alias “Mordisco” como retaliación por presiones militares en la región .
Marco legal y posibles imputaciones
Los hechos están siendo tratados como delitos de terrorismo por uso de artefactos explosivos con fines de intimidación y violencia generalizada, además de homicidio agravado en tentativa/estrago doloso .
En casos anteriores (como ataques a estaciones policiales), han sido imputados delitos como concierto para delinquir agravado, rebelión, terrorismo, homicidio agravado e infracción de sistemas de armas, con calificaciones judiciales similares.
La Fiscalía General y la Policía Judicial recolectan pruebas forenses (explosivos, restos de vehículos), grabaciones, declaraciones de testigos, y posibles vínculos directos con estructuras criminales, avanzando en imputaciones formales y órdenes de captura.
Reacción institucional
El alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro han condenado los hechos, convocado consejos extraordinarios de seguridad y exigido apoyo nacional .
Las Fuerzas Militares y la Policía implementaron despliegue preventivo, reconocimiento de zonas, cierres viales, y análisis de inteligencia para prevenir nuevos atentados .
Estado actual del proceso
Desactivación de explosivos en varias zonas y elevación del nivel de alerta terrorista.
Inicio de una investigación temprana judicial y penal, con fases de recolección de pruebas, ubicación de responsables materiales, y posibles conexiones organizacionales.
No hay todavía personas presentadas ante la justicia por estos hechos, pero las autoridades analizan evidencias, testimonios y huellas electrónicas.
La Fiscalía, en coordinación con las autoridades de Policía y Defensa, trata estos hechos como ataques terroristas coordinados, en un contexto de criminalidad estructurada. Sobre los implicados recaerán cargos por terrorismo agravado, homicidio y estragos, en tanto que la investigación avanza en profundizar la red y estructura detrás de los atentados.
